La elección para la dirección del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México no solo terminó con la cancelación de una candidatura. También abrió un conflicto que exhibe tensiones profundas sobre la legalidad, la equidad y la legitimidad de los procesos democráticos al interior de la institución.
El punto de quiebre fue el acuerdo emitido por la Comisión de Procesos Electorales Ampliada, que determinó retirar el registro a la aspirante Ligia Malania Chávez López tras acreditar que durante la etapa de promoción se entregaron pulseras alusivas a su candidatura, una práctica expresamente prohibida por la convocatoria electoral. La propia Comisión sostuvo que estos objetos no tenían carácter informativo y constituían “obsequios”, lo que generó una ventaja indebida y vulneró el principio de equidad en la contienda .
Pero lo que en el papel aparece como una resolución técnica basada en normativa universitaria, en la práctica detonó una reacción en cadena.
De promoción indebida a presunta compra de votos
Antes del dictamen, ya circulaba una denuncia formal en la que se señalaba directamente al profesor Jesús Israel Vargas Hernández por presuntamente promover el condicionamiento del voto entre estudiantes del taller de banda de marcha. Según el documento, alumnos habrían recibido incentivos como alimentos o reposición de faltas académicas a cambio de apoyo electoral.
De confirmarse, estas prácticas no solo vulnerarían la convocatoria, sino que colocarían el proceso en una dimensión más grave: la posible coacción del voto dentro de un espacio educativo.
Sin embargo, el dictamen oficial no aborda estas acusaciones de fondo. Se centra exclusivamente en la entrega de pulseras, dejando abierta la pregunta sobre si la autoridad universitaria investigó con el mismo rigor las denuncias de presión o condicionamiento.
La otra versión: propaganda o sanción desproporcionada
Tras la cancelación de la candidatura, simpatizantes de la planilla afectada respondieron con documentos formales de inconformidad. En ellos sostienen que las pulseras no eran dádivas, sino materiales de identificación equivalentes a volantes o propaganda, utilizados también —afirman— por otras planillas.
Desde esta perspectiva, la sanción no solo sería excesiva, sino potencialmente selectiva.
En un segundo escrito, incluso se promovió un recurso de revisión argumentando violaciones a principios básicos como legalidad, audiencia y debido proceso, lo que sugiere que el conflicto ya no es solo electoral, sino también jurídico.
El descontento estudiantil emerge
Mientras las instancias formales intercambian argumentos, en los espacios informales la tensión es más evidente.
Mensajes difundidos entre estudiantes reflejan una narrativa de inconformidad más amplia:
“No queremos imposición. Queremos ser escuchados”
“Queremos democracia”
“Si no se respeta el registro de los candidatos no votaremos”
“Si no hay una actividad democrática nos vamos a paro”
Estas expresiones, lejos de ser aisladas, muestran que la decisión institucional podría estar erosionando la confianza en el proceso electoral.
¿Legalidad o control político?
El caso pone sobre la mesa una discusión de fondo ¿la aplicación estricta de la norma garantiza justicia o puede convertirse en un mecanismo de exclusión?
La convocatoria es clara al prohibir la entrega de obsequios. Pero también es cierto que la interpretación de qué constituye propaganda informativa y qué representa una ventaja indebida puede ser ambigua en la práctica.
Más aún, el hecho de que la sanción máxima —la cancelación del registro— se aplique en medio de denuncias cruzadas y percepciones de inequidad abre un riesgo mayor: que el proceso pierda legitimidad ante la propia comunidad universitaria.
Una elección bajo sospecha
Con una candidatura anulada, votos que podrían ser declarados nulos y una comunidad estudiantil que amenaza con no participar o incluso ir a paro, la elección en el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” ha dejado de ser un ejercicio ordinario, convirtiéndose en un caso que no ayuda a recuperar la credibilidad en los mecanismos democráticos dentro de la UAEMéx, porque más allá de las pulseras, el verdadero debate no es sobre un objeto de papel, sino sobre la confianza en las reglas del juego.
