Toluca, Estado de México. Un nuevo señalamiento por presunta extorsión y abuso de poder dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México vuelve a encender alertas en la comunidad universitaria y se suma a una serie de denuncias que han sido documentadas por distintos medios en los últimos años.
El caso más reciente comenzó a circular en redes sociales, donde se difundió el testimonio de una docente que también es estudiante de posgrado y colaboradora administrativa. La denuncia, que habría sido presentada por la vía penal, señala posibles actos de presión, hostigamiento y uso indebido de la jerarquía académica. Hasta ahora, la universidad no ha emitido una postura pública específica sobre este hecho.
Aunque el origen inmediato del caso se encuentra en redes, su relevancia no radica solo en el señalamiento, sino en el contexto en el que aparece.
Un patrón documentado en la Facultad de Derecho
Los antecedentes en esta facultad son claros. El medio AD Noticias informó que desde 2022 existía una denuncia formal por presuntos actos de extorsión contra directivos, presentada ante el Órgano Interno de Control de la universidad.
Además, se han reportado amenazas y presiones contra estudiantes dentro de la misma facultad. DigitalMex dio a conocer el caso de una alumna que denunció hostigamiento y filtración de información como forma de presión tras presentar quejas formales.
En otro caso, una estudiante denunció amenazas vinculadas a actores con poder dentro de la facultad, señalando incluso intimidación y uso de estructuras internas para ejercer presión.
Una crisis que ya es visible en toda la universidad
El problema no se limita a una sola facultad. En prensauniversitaria.press se dio cuenta de una crisis en el Centro Universitario Nezahualcóyotl, donde estudiantes denunciaron acoso, violencia y omisiones institucionales, además de señalar que varios casos no eran recientes.
La situación escaló en marzo de 2026. Medios nacionales como Uno TV reportaron la toma de instalaciones por parte de estudiantes, quienes exigieron la destitución de autoridades por presunto encubrimiento de un docente acusado de violación.
Las protestas, los tendederos de denuncia y las exigencias públicas reflejan una constante. Existe una percepción creciente de que las denuncias no siempre reciben una respuesta oportuna o suficiente.
Redes sociales como detonante, no como prueba
El nuevo caso surge desde redes sociales, lo cual no sustituye una investigación formal, pero sí refleja un fenómeno importante. Cada vez más víctimas recurren a estos espacios cuando sienten que los canales institucionales no son suficientes. Situación que obliga a preguntarse por qué las denuncias encuentran mayor eco fuera de las estructuras oficiales.
Más que casos aislados, un problema de fondo
Al observar todos los antecedentes, aparece un patrón que se repite:
- denuncias por abuso de poder
- señalamientos de extorsión o presión
- acusaciones de acoso o violencia
- percepción de encubrimiento o lentitud institucional
Esto no significa que todos los casos sean iguales ni que todos estén comprobados, pero sí muestra una tendencia que ya ha sido documentada por diversos medios y por la propia comunidad universitaria.
El reto institucional
El caso más reciente deberá seguir su curso legal y garantizar el debido proceso. Sin embargo, el verdadero reto va más allá de un solo expediente, pues la universidad enfrenta la oportunidad de revisar a fondo sus mecanismos internos. La forma en que atienda este nuevo señalamiento será clave para recuperar la confianza de estudiantes y docentes.
No se trata solo de responder a una denuncia, sino de demostrar que existe una política clara, efectiva y transparente frente a este tipo de situaciones.
