No es un hecho aislado ni una novedad absoluta dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México, pero sí vuelve a poner sobre la mesa una realidad que suele diluirse entre actos protocolarios. Esta vez se entregaron 93 movimientos laborales, 74 bases y 19 recategorizaciones para personal afiliado al Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la UAEMéx. El dato es concreto, pero también lo es el contexto en el que ocurre.
La universidad opera con una comunidad que supera las 100 mil personas y cerca de 80 espacios académicos. En esa escala, el personal administrativo no es un complemento, es una pieza estructural. Aun así, la estabilidad laboral no es una condición generalizada. Que en 2026 se formalicen 74 bases implica, al mismo tiempo, que existe un número considerable de trabajadores que han transitado durante años bajo esquemas de temporalidad o incertidumbre.
El desglose también aporta matices. El 52 por ciento de los beneficios fue para mujeres, lo que en términos absolutos equivale a alrededor de 48 trabajadoras. Es un avance en representación, pero no necesariamente refleja cómo se distribuyen las oportunidades en el largo plazo ni en qué condiciones se sostienen las trayectorias laborales dentro de la institución.
Durante el acto encabezado por la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, se insistió en la idea de certeza laboral como eje de la administración 2025 a 2029. Sin embargo, los propios números invitan a una lectura más amplia. Noventa y tres movimientos frente a una estructura universitaria de gran tamaño muestran progreso, pero también delimitan su alcance.
Otro dato relevante es la incorporación, por primera vez, de una convocatoria para reconocer la trayectoria del personal administrativo, prevista para mayo. La medida surge del trabajo conjunto con el sindicato y busca institucionalizar un reconocimiento que hasta ahora dependía más de decisiones puntuales que de un esquema sistemático.
En ese mismo contexto institucional, distintas publicaciones de PrensaUniversitaria.press han documentado de forma reiterada las condiciones laborales del personal de seguridad universitaria, un sector que suele quedar fuera de este tipo de beneficios, pero con esquemas de contratación de menor estabilidad y limitadas posibilidades de desarrollo. Su inclusión en la conversación resulta inevitable, porque evidencia que los avances en certeza laboral no necesariamente se distribuyen de manera homogénea e incluso en un marco de alta simulación de piso parejo, como a quedado documentado en el caso de los ascensos salariales académicos dentro de la universidad.
Desde la dirigencia sindical, Luz María García Molina subrayó que obtener una base o una recategorización impacta directamente en la estabilidad económica y el desarrollo profesional. Ese señalamiento, aunque cierto, también deja ver el rezago acumulado, la estabilidad sigue siendo una meta que se alcanza después de años, no un punto de partida.
En representación de quienes recibieron estos beneficios, Miguel García Bustos apuntó a un elemento menos cuantificable pero igual de relevante, el reconocimiento al trabajo administrativo sigue siendo excepcional. Si se vuelve noticia, es porque no ocurre con la frecuencia ni la sistematicidad que cabría esperar en una institución de este tamaño.
Los datos ayudan a dimensionar el momento. Hay avances medibles, sí, pero también límites claros. La diferencia entre ambos es la que define si estos actos representan un cambio estructural o solo ajustes graduales dentro de una lógica que todavía no termina de transformarse.
