Por: Augusto López.
Desde el 2010 la Auditoría Superior de la Federación ha reportado serias irregularidades en la operación de convenios entre dependencias federales y sus prestadoras de servicios. Ahí destacan las universidades públicas, quienes facilitaban eludir las licitaciones públicas.
A pesar de las observaciones y las denuncias penales que interponía la ASF, las instituciones educativas continuaron presentando e intensificando las irregularidades en la prestación de servicios, subcontrataciones y el destino de los recursos públicos que recibían de las dependencias federales. Esa información motivó trabajos periodísticos como la Estafa Maestra, Operación Entregables y otros más.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México y con Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República, están en riesgo las capas protectoras que blindaban a los involucrados en la red más grande de desvíos de dinero público que se haya conocido hasta el momento en nuestro país. Con la detención de Rosario Robles Berlanga podría iniciar el camino para que sean llamados por la justicia el resto de los involucrados en lo que se está investigando bajo el esquema de delincuencia organizada.
La prisión preventiva dictada a Robles disparó las alarmas de pánico en la Universidad Autónoma del Estado de México, de manera muy especial en los ex rectores y trabajadores que se prestaron para triangulaciones de miles de millones de pesos, que el ex titular de la ASF, Juan Manuel Portal, refirió que tenían todas las características de fraude, pero que por parte de las universidades se describían como “alianzas estratégicas” con el propósito de conseguir más recursos.
En su momento, Jorge Olvera García, se caracterizó por poner a salvo a su antecesor y ahora lo señala como responsable de todo. Por su parte, Eduardo Gasca Pliego, no ha salido a hacer declaraciones sobre los presuntos desvíos, pero en sus últimos días como rector siempre negó que hubiera corrupción y malos manejos financieros.
Así como Olvera García hizo de Hugo Manuel del Pozzo y Enrique Fichtl sus chivos expiatorios para desviar la atención de lo que a él le tocaba, hoy Alfredo Barrera retoma el asunto penal que hay en contra de del Pozzo, pues resulta muy conveniente para desviar la atención de las malas cuentas que involucran a su segundo domador, Javier González Martínez, a quien mantiene en el cargo a pesar de los 129.2 MDP que no pudo aclarar ante la ASF.
Bajo este contexto en el que vuelan culpas en todas direcciones, me parece muy importante compartirles datos duros que hasta ahora las autoridades de la UAEM se han negado a dar a conocer, pero que se pueden encontrar en cada uno de los informes de resultados de las auditorías forenses 245, 246 (del año 2013), 207 y 208 del año 2014. Esto con la finalidad de que todos tengamos un panorama más claro de cómo debe ser repartido este pastel de corrupción (años 2013 y 2014) en lo que respecta a las tres últimas administraciones.
De manera particular recopilé todos los montos en los que la ASF emitió pliegos de observaciones a la UAEM, derivado de la fiscalización a las cuentas públicas de los años 2013 y 2014.
Los pliegos de observaciones son medidas correctivas de carácter económico en las que se presume un daño o perjuicio o ambos, así como presunta responsabilidad de infractores, en cantidad líquida.
Cuando las cantidades no son aclaradas por las dependencias e instituciones involucradas, la ASF inicia un procedimiento para recuperar ese dinero. La indemnización correspondiente se constituye en un crédito fiscal, que la autoridad competente habrá de cobrar mediante el procedimiento administrativo de ejecución.
Se encontró que la cantidad total que la ASF le detectó a la UAEM, durante las auditorías forenses del 2013 y 2014, fue de $1,558,738,840.65 (mil quinientos cincuenta y ocho millones, setecientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta pesos 65/100). Es importante señalar que esta cifra es independiente de las comisiones que cobró la universidad en cada uno de los convenios suscritos con las dependencias federales.
Los montos de daño de las auditorías referidas se encuentran ordenados de manera descendente en la siguiente tabla, ahí se muestran las 14 dependencias federales de quienes recibió dinero la UAEM.
Después de revisar las fechas en que se firmaron los convenios iniciales y los convenios modificatorios en el 2013, se debe puntualizar que en los últimos meses de la gestión de Eduardo Gasca Pliego se firmaron convenios con SEDESOL y SENASICA, los cuales fueron operados y modificados en gran parte bajo el rectorado de Jorge Olvera García, por ejemplo, el convenio 411/DGRM/001/DAC/279/13 y otros de la Auditoría Forense 246 en la que se emitieron 6 pliegos de observaciones a 4 convenios, todos con SEDESOL.
En uno de esos convenios se destaca la participación del ex Director de Recursos Financieros, Hugo del Pozzo, a quien se le vincula con 21 MDP no aclarados y que no tienen nada que ver con el asunto del Gobierno de Oaxaca, que concluyó con un monto de más de 90 MDP que debe pagar la UAEM y que explica porque en su intento de no pagar dicho monto a esta denuncia sí le han dado seguimiento. Respecto a la que tiene que ver con la AF 246 por los 21 MDP, que se presentó el 1 de abril del 2015, prácticamente la dejaron en el olvido.
Además, hubo otros 42 pliegos de observaciones, relacionados con las auditorías forenses 245 (año 2013), 207 y 208 (cuenta pública 2014) que en su mayoría son responsabilidad de la administración de Olvera García.
Tomando en cuenta los datos anteriores se puede considerar que a la administración de Gasca Pliego le correspondería aclarar un monto aproximado de 320.8 MDP y a la del Humanismo que Transforma 1,237.8 MDP. Por lo que los porcentajes de no aclaración de los más de 1,500 MDP quedaría de la siguiente manera.
Otros datos que debilitan la versión de la UAEM respecto a que todos los millones que se le deben a la ASF los tiene que pagar Hugo del Pozzo y/o Gasca Pliego, son los nombres y firmas en los propios convenios, así como los montos de presuntos daños relacionados a esos instrumentos legales relacionados con las cuentas públicas 2013 y 2014, tal como se puede apreciar en la tabla siguiente.
Después de ver los datos anteriores llama la atención que la administración de Jorge Olvera únicamente haya iniciado, sin dar seguimiento, acciones legales contra Hugo Manuel del Pozzo por el manejo irregular de 21.1 MDP, pero después nadie más fue denunciado por la UAEM por los más de 1,500 MDP manejados de manera irregular, en gran parte durante el tiempo que Olvera fue rector y que en su mayoría involucran a Erick Herzaín Torres, Director del FONDICT UAEM, que fue rescatado por Barrera Baca y que en los meses recientes presentó su renuncia.
En el año 2014, mientras que Olvera García era rector, instruyó a Javier González Martínez para firmar varios convenios con FOVISSSTE, en ellos González puso como responsable del proyecto por parte de la UAEM a una persona que no pertenece a la universidad y que era empleado de la empresa que subcontrató para realizar los trabajos.
También en esos convenios hubo pliegos de observaciones. Hasta mediados de este 2019, ni González Martínez ni el líder del proyecto ni la empresa Nubaj Nubaj S.A de C.V., habían devuelto los 129.2 MDP que ya se establecen como daño, y tampoco aportaron información que pudiera justificar el uso adecuado de los mismos.
Por lo que toca al actual e ilegítimo rector, Alfredo Baca, parece estar empeñado en consolidar su rol de encubridor, toda vez que ha eludido presentar una formal denuncia respecto a los 230.4 MDP que fueron entregados a varias empresas fantasma y en donde el propio Jorge Olvera García firmó los convenios de servicios con la SEP. En el mismo sentido ha evitado tomar la decisión de separar de sus cargos a sus amigos cercanos que están involucrados en severas irregularidades, como es el caso de Javier González y Luis Alfonso Guadarrama Rico.
Baca se ha conducido de la misma forma en el asunto del daño por 9.5 MDP que desde la dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, vía Jannet Socorro Valero Vilchis (próxima rectora de la UAEM) y Luis Alfonso Guadarrama Rico, se manejaron con total obscenidad financiera. Por estos hechos ninguno de los involucrados ha sido removido del cargo, y peor aún, se dice que ya están operando para gestionar algunas definitividades a quienes serán sus “piezas clave” para continuar teniendo el control de la FCPyS, en el cambio de dirección que ya se aproxima. En un video que circula en redes sociales también se les relaciona con estar detrás del uso anti universitario de las empresas de seguridad privada e institucional, con la finalidad de armar un mossad de la UAEM.
Parece evidente que Baca resultó ser muy respetuoso de los pactos no escritos que pudo haber tenido con Olvera, y aunque ante los medios declare que no protege a nadie, en los hechos es muy evidente que está haciendo todo lo contrario. Antes que proteger a la Institución ha optado por la inacción administrativa y legal, que resulta ser el salvavidas que arroja a su exjefe y amigos. Después que no se queje, cuando su encubrimiento descarado le pase la factura.
Ahora que la reforma de la Ley UAEM está en puerta los legisladores mexiquenses deberán tener presentes estos datos, sobre todo en lo que se refiere a la asignación del contralor, pues ya nadie tiene duda de que sería muy poco probable que desvíos como los detectados por la ASF habrían sucedido si como contralor interno estuviera uno que no fuera designado o recomendado del rector en turno. Un contralor comparsa también debería ser incluido en la lista de los investigados ¿no lo crees Ignacio Gutiérrez Padilla?
En fin, ahora sí ya todos tenemos datos más aproximados a la realidad por los que debe responder cada uno de los ex rectores y los empleados universitarios involucrados, de esta manera ya será muy ingenuo quien quiera seguir creyendo en las “versiones oficiales”.
Nota al margen: hay que poner atención en el caso del Gobierno de Oaxaca, porque un desenlace igual o peor le espera a la UAEM por los procedimientos resarcitorios de las cuentas públicas 2013 y 2014. Respecto a Gasca, hay que recordar que la ASF, no la UAEM, presentó denuncia penal por las irregularidades detectadas en la cuenta pública 2012, en las que también participó el FONDICT.
Enlaces a los informes de las auditorías forenses mencionados en esta publicación.
