Los índices delictivos en el Estado de México siguen siendo elevados, coincidieron en señalar los Grupos Parlamentarios de morena, PT, PAN, PES, PVEM, PRD y los diputados sin partido, quienes criticaron las acciones y resultados de la estrategia de la Secretaría de Seguridad, que encabeza Maribel Cervantes Guerrero; en tanto que la bancada del PRI reconoció avances en la materia y puntualizó que la seguridad amerita la participación de todos.
En la comparecencia de la secretaria, realizada en sesión presidida por el diputado Nazario Gutiérrez Martínez (morena) con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno, los diputados Mario Gabriel Gutiérrez Cureño y Beatriz García Villegas, de morena, consideraron que no hay avances en el combate a la delincuencia, pese a que la 60 Legislatura incrementó en 20% el presupuesto para la Secretaría, por lo que pidieron fortalecer acciones, particularmente contra los feminicidios y el robo al transporte público.
Beatriz García puntualizó que ninguna renuncia resolvería la situación de la entidad si no se soluciona antes “el estado fallido” y manifestó su preocupación por la falta de resultados de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para frenar los feminicidios en 11 municipios y declarada el 31 de julio de 2015.
Preguntó por las cifras reales de este delito y las medidas para crear un protocolo de investigación científica para los crímenes de género; los procesos de control de confianza de las fuerzas policiacas; las acciones de seguridad específicas en los municipios, en particular los colindantes con la Ciudad de México, así como los resultados de las cámaras de videovigilancia en la prevención y combate de la inseguridad.
Mario Gabriel Gutiérrez refirió que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad encabeza la lista de incidencia delictiva nacional; exhortó a la secretaria a realizar las acciones necesarias para garantizar la seguridad y solicitó información sobre los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem), organismo auxiliar de la Secretaría cuya operación y recursos son opacos, por lo que sugirió hacerlo un ente auditable.
Del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Maribel Martínez Altamirano dijo que el problema de la inseguridad reclama conjuntar los esfuerzos de todos, por lo que se necesita conocer qué se está haciendo para ajustar o redefinir políticas públicas en contra de la delincuencia, y recordó que el gobierno federal está implementando el modelo de Mando Único, que involucra a las policías de los tres niveles de gobierno.
Al reconocer las acciones de la Secretaría, la legisladora solicitó información sobre los proyectos de impacto para consolidar los esfuerzos en la materia y los coordinados con la Federación para disminuir la incidencia delictiva.
A raíz de la segunda declaratoria de AVGM —emitida en septiembre pasado por la desaparición de mujeres y niñas— para Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco, el diputado Sergio García Sosa (PT), recalcó que la Secretaría está obligada a implementar mecanismos para combatir la violencia contra las mujeres, ya que los resultados de la primera declaratoria no han sido satisfactorios.
Lamentó que la percepción de inseguridad, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tengan a Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán México y Atizapán entre los municipios más peligroso del país, y solicitó información sobre el combate a los asaltos en cajeros automáticos, en el transporte público o la vía pública, así como a los secuestros, extorsión y robo de hidrocarburos y de vehículos.
Por el Grupo Parlamentario del PAN, el legislador Reneé Alfonso Rodríguez Yánez recalcó que en los primeros seis meses de este año, tres mil 806 mujeres fueron víctimas de delitos contra la libertad y seguridad sexual, además de que hay más de mil 700 desaparecidas, por lo que pidió información sobre los resultados de la Policía de Género, ya que los feminicidios y las desapariciones siguen incrementándose.
Al puntualizar que lo que más necesita la entidad es seguridad, el diputado resaltó que se requieren policías capacitados, y también habló de un “estado fallido”, porque los mexiquenses viven la etapa más violenta en la historia.
El coordinador parlamentario del PRD, el diputado Omar Ortega Álvarez, lamentó que parezca normal que maten niñas y mujeres en el estado y que éste sea el más peligroso del país con el mayor número de feminicidios.
Al citar los porcentajes en los que se incrementó la incidencia delictiva de 2018 a 2019, el diputado preguntó si existe una estrategia real para contrarrestar la inseguridad, ya que la entidad no es la más segura, como lo prometió en campaña el gobernador; además de que pidió información sobre la depuración policiaca, acciones contra la corrupción y policías sancionados, y de la capacidad de las prisiones mexiquenses y la reinserción social.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello dijo que el Estado de México resalta a nivel nacional en temas de inseguridad y de acuerdo con el INEGI en 2018 ocupó el primer lugar en seis de los 10 delitos más graves, como extorsión, robo con violencia, de vehículo, a casa habitación y violación. La inseguridad, enfatizó, durante los dos últimos dos sexenios ha tenido un crecimiento exponencial.
En este sentido, preguntó sobre las estrategias y políticas públicas para combatir el robo con violencia en todas sus variantes; las acciones para la reinserción social y disminuir la población de presos y los secuestros.
Del Grupo Parlamentario del PES, la legisladora María de Lourdes Garay Casillas dijo que es inadmisible que, ante los pocos resultados, la ciudadanía aplique justicia por su propia mano con linchamientos públicos, y criticó que el Estado de México sea uno de los más inseguros, particularmente para niñas y mujeres. Dijo que si se consideran en su conjunto los 10 principales delitos tendríamos que la incidencia delictiva se incrementó en 8.3%, lo cual señala que los delitos de homicidio, robo a casa habitación y vehicular, la violencia familiar y el feminicidio siguen en aumento.
Criticó además las revisiones al transporte enfocados a automovilistas, el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia y la geolocalización del transporte público, así como la situación del Cusaem.
En representación de los diputados sin partido, la legisladora Rosa María Pineda Campos preguntó cómo se está atendiendo la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en materia de violencia contra las mujeres, ya que los feminicidios están al alza, por lo que solicitó información sobre dónde se pueden consultar lo realizado por el gobierno estatal respecto de los feminicidios y desaparición de mujeres.
También solicitó datos sobre la atención a los municipios considerados más inseguros y de los operativos en el transporte público, más allá de solo dar consejos.
Los diputados morenistas Anaís Miriam Burgos Hernández, Emiliano Aguirre Cruz y Julio Alfonso Hernández Ramírez exhibieron una manta en la que solicitaron la dimisión de la funcionaria: “¡Renuncia ya! El Estado de México se está bañando en sangre; todos los días han feminicidios, asaltos al transporte, violaciones, homicidios”, señalaron.
En su intervención, la secretaria detalló que en materia de violencia contra las mujeres se creó la Policía de Género, conformada por 46 elementos (que serán 200 al final del año), y que se han iniciado 57 carpetas de investigación con base en visitas a domicilio para que mujeres denuncien; acerca del combate a la corrupción informó que se han iniciado mil 500 expedientes, se ha fortalecido la rotación de mandos y se ha certificado a 58% de la corporación.
Respecto al robo en transporte público, señaló que muchos casos se relacionan con la extorsión, por lo que se han establecido grupos de trabajo de los concesionarios y han identificado personas afines al grupo delincuencial ‘La Familia Michoacana’, así como células que operan desde el interior de centros penitenciarios.
Informó que la entidad se sumó a la estrategia de seguridad del gobierno federal para adoptar la regionalización de 32 zonas del estado (con énfasis en 610 colonias); además de que el Estado de México será beneficiado con 17 mil elementos de la Guardia Nacional para 2021-2022, cuando concluya la fase de despliegue de la agrupación federal.
