La Cuarta Transformación que vive el país considera fundamental la participación de los ciudadanos, sostuvo la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández (morena), quien destacó que, al no existir en la entidad una ley de participación ciudadana, la Comisión que se ocupa de esta materia en la 60 Legislatura mexiquense dispuso salir al encuentro de la sociedad para recoger sus opiniones y propuestas para el diseño de una norma estatal que le de voz a la ciudadanía.
En el 14º Foro para la Creación de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de México en el Auditorio de Posgrado del Centro Universitario UAEM de Texcoco, sede de este encuentro, Anaís Burgos, prosecretaria de la Comisión de Participación Ciudadana, dijo que participar en sociedad es más que votar, ya que se trata de involucrase también en los asuntos públicos, en la toma de decisiones y la construcción de políticas públicas para beneficio de la sociedad.
Ante jóvenes estudiantes de esta unidad académica y su director, Juan Manuel Muñoz Araujo, la también presidenta del Comité de Comunicación Social reconoció que cuando se habla de política “muchas veces a los jóvenes no les resulta tan grato”, pero debe hacerse, “porque todo lo que sucede y se decide en el Poder Legislativo impacta directamente y de muchas maneras sus vidas”.
En su momento, la presidenta de esta Comisión, la diputada María Lorena Marín Moreno (PRI) aseveró que en una democracia consolidada la ciudadanía cuenta con una amplia gama de derechos, como el de participación, pero también con un conjunto de responsabilidades que debe cumplir. Expuso que, además de un derecho, la participación de los ciudadanos es un componente esencial para el funcionamiento de la democracia.
Con la presencia de la también legisladora María de Jesús Galicia Ramos (morena), quien inauguró el encuentro, Lorena Marín expuso que al participar, la ciudadanía ejerce influencia sobre las autoridades y les demanda al mismo tiempo mayores canales de participación, por lo que resulta necesario crear más instrumentos que faciliten y promuevan el involucramiento de los ciudadanos en las decisiones públicas.
Al explicar que por esto en la Comisión que preside decidió recoger el sentir y las propuestas de la sociedad sobre este tema por medio de 20 foros regionales, de los cuales ya se realizaron 14, se pronunció por ampliar el catálogo de herramientas de participación que respondan a las exigencias ciudadanas y contribuyan a mejorar los niveles de bienestar social.
Con la asistencia de Erick Galicia Ortiz, representante de la presidenta municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas, Concepción Noemí Martínez, doctora en Estudios Internacionales para la Paz, afirmó que la participación ciudadana debe buscar que los gobiernos y gobernantes admitan sus obligaciones y facultades sociales y legales para que cumplan lo ofrecido a la población.
Se trata también de abrir espacios de participación a la gente, y particularmente los jóvenes, para que propongan políticas y acciones públicas, porque en la democracia sociedad y gobierno comparten responsabilidades.
Para Jesús Limberg Ramos García, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM y segundo ponente, para crear esta nueva ley debe plantearse para qué serviría, y propuso que debe ser útil para lograr que la ciudadanía cogobierne junto con la autoridad. Sólo así, dijo, se garantizará que las demandas de la sociedad se atiendan.
Al cerrar las exposiciones, Pablo Navarrete Gutiérrez, licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara con especialidad en Derechos Humanos, Género y Democracia, quien también reconoció a la 60 Legislatura por este ejercicio abierto a la sociedad, señaló que sin participación no hay democracia. Se pronunció por una ley que vaya más allá del ámbito electoral y reconozca el poder de los ciudadanos, así como su derecho a demandar.
Llamó a que la ley contenga herramientas de participación novedosas, sencillas y accesibles y no candados que la inhiban. Citó la comparecencia pública, el proyecto social, la colaboración popular, el consentimiento previo para acciones y políticas públicas, la participación de los tres poderes del estado, el Consejo de Participación Ciudadana y la Contraloría Social, entre otros.
