Para inhibir el robo a negocios, la 60 Legislatura del Estado de México aprobó reformas al Código Penal y a la Ley de Seguridad estatales, a fin de agravar la penalidad para el delito de robo cuando se cometa contra una unidad económica imponiéndose hasta 10 años de prisión, así como para que los ayuntamientos establezcan políticas para prevenir actos delictivos.
La adición de la fracción XXI al artículo 290 del Código Penal de la entidad, establece el dictamen, tiene el objetivo de agravar esta penalidad cuando el robo se cometa contra una unidad económica, al imponer de cinco a 10 años de prisión y multa de una a tres veces el valor de lo robado, sin exceder los mil 500 días y sin prejuicio de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos.
Respecto a la reforma a la fracción VII del artículo 20 de la Ley de Seguridad del Estado de México, es para fortalecer las atribuciones de los ayuntamientos en materia de seguridad pública, a efecto de que establezcan políticas para implementar acciones coordinadas entre el ámbito público y privado, con el fin de prevenir actos delictivos.
Correspondió al diputado Sergio García Sosa, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, leer ante el Pleno el dictamen formulado a la iniciativa de la diputada Karla Leticia Fiesco García, presentada en nombre del Grupo Parlamentario del PAN.
El dictamen, aprobado por unanimidad, destaca el aumento de las conductas delictivas y la elevación de los índices de inseguridad, particularmente, los indicadores sobre robo a negocios, que ha alcanzado uno de los más altos en este año.
El documento señala que es evidente el incremento de este delito y su afectación a los comerciantes. En el Semáforo Delictivo de la entidad destacan, entre los municipios en los que este ilícito se comete con mayor frecuencia, Ecatepec, Tultitlán, Naucalpan, Coacalco, Tecámac, Cuautitlán Izcalli y Chimalhuacán, lo que demuestra el fracaso de las estrategias y la necesidad de colaboración de las distintas instancias de gobierno para la atención de esta problemática.
El dictamen, emitido previamente por las Comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Seguridad Pública y Tránsito, expone que la seguridad pública ocupa un lugar trascedente en la agenda municipal, estatal, federal e internacional, y es un pilar de acción de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, con cuyo contenido se encuentra alineado el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.
