Pese a que la corrupción es una práctica que indigna a toda la sociedad, en la realidad social, política y gubernamental hay resistencia a la instalación de los Sistemas Municipales Anticorrupción, aun cuando son obligatorios por ley, expresó la diputada Brenda Escamilla Sámano (PAN), presidenta de la Comisión Legislativa de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción de la 60 Legislatura.
La legisladora detalló que, de acuerdo con datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios hasta el 23 de agosto de 2019, solo 39 de los 125 municipios mexiquenses cuentan con un Sistema Municipal Anticorrupción, mientras que 78 (63%) no tienen evidencia que acredite la implementación de ese órgano.
Agregó que tres municipios tienen una Comisión de Selección Municipal; nueve requieren supervisión especial, ya que no han instalado sus sistemas por cuestiones jurídicas, políticas y económicas, y cinco municipios solo cuentan con el Comité de Participación Ciudadana.
En la inauguración del segundo foro ‘El Sistema Estatal Anticorrupción en el Estado de México. Una evaluación a su diseño e implementación’, en la Facultad de Estudios Superiores FES-Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, la diputada lamentó que en el discurso existan posturas entusiastas contra la corrupción y la impunidad y en la práctica haya resistencia para combatirla.
“La instalación y el funcionamiento de los Sistemas Municipales Anticorrupción no ha sido fácil; hemos visto a lo largo de dos años cómo ese esfuerzo de coordinación intergubernamental y social algunas veces parece estar colapsando o en franco enfrentamiento; su camino ha sido lento”, reconoció la diputada, al recordar que desde mayo de 2017 los municipios están obligados a instalarlos.
Ante funcionarios, integrantes de sistemas anticorrupción y la comunidad estudiantil, la legisladora resaltó que institucionalizar el combate a la corrupción ha sido la decisión política más importante de los últimos tiempos, porque con ello se fortalecen las instituciones, los gobiernos y el Estado.
Indicó que los mexiquenses tienen claro que la corrupción no se termina por decreto y se debe combatir con trabajo coordinado entre las instituciones y los ciudadanos, por lo que destacó el papel del foro para evaluar los sistemas desde la perspectiva de los responsables implementarlos y la visión de expertos, académicos e investigadores, con lo cual se identificaron espacios de oportunidad y mejora.
Al dictar la ponencia magistral del foro, Josefina Román Vergara, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, propuso a la Legislatura replantear la obligación de los ayuntamientos de instalar sus sistemas o que sea opcional, como en otras entidades.
Expuso que las opciones pueden ser la creación de sistemas regionales o que solo se instalen en municipios con más de 70 mil habitantes, además de que se debe replantear la integración, el presupuesto y las funciones de los sistemas.
Destacó que otra tarea pendiente es el fortalecimiento de las contralorías municipales, ya que muchas funcionan solo con el titular, aun cuando la ley establece que deben contar al menos con personal para investigación, sustentación y resolución, ya que el papel de estas áreas es fundamental para resolver lo relacionado con las faltas graves y no graves de los servidores públicos.
En su intervención, Manuel Martínez Justo, director de la FES-Acatlán, reconoció los avances en el combate a la corrupción en la entidad, ya que es una de las principales demandas de la sociedad, y destacó que a través de los foros impulsados desde la 60 Legislatura se pueden analizar los retos en la materia.
Al foro asistieron las diputadas Liliana Gollas Trejo y Montserrat Ruiz Páez, de morena, y los diputados Anuar Roberto Azar Figueroa, coordinador parlamentario del PAN, y Sergio García Sosa, del PT.
