La nueva Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior de la entidad debe fortalecer los contenidos de los informes de resultados de fiscalización de las cuentas públicas; valorar que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) realice auditorías forenses y mejorar su coordinación con órganos municipales, además de redefinir los requisitos y procesos para el auditor superior y los mecanismos y causas de su remoción, coincidieron los legisladores de morena Maurilio Hernández González y Tanech Sánchez Ángeles.
Durante la inauguración del foro ‘Hacia una nueva Ley de Rendición de Cuentas en el Estado de México’, organizado por la Comisión de Vigilancia del OSFEM que preside el diputado Tanech Sánchez, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura, Maurilio Hernández, explicó que en un año de funciones los legisladores han detectado que la normativa que rige la fiscalización estatal y el propio OSFEM requieren una profunda reestructura, por lo que se necesita una reforma contundente de la legislación.
Asimismo, el diputado Tanech Sánchez puntualizó que en el Congreso se vive un momento sui géneris porque no se habían confrontado nunca la Comisión de Vigilancia con el OSFEM ni se habían desaprobado los informes de las cuentas públicas, lo que posteriormente detonó en la solicitud de separación del cargo del auditor superior, por lo que actualmente transcurren tres procesos a la vez: el del recibimiento de la cuenta pública del 2019, la convocatoria para el nuevo auditor y la realización de foros para elaborar la ley en la materia.
Con la presencia de los legisladores Rosa María Zetina González (morena), Francisco Rodolfo Solorza Luna (PT), Iveth Bernal Casique y Lilia Urbina Salazar (PRI), el diputado Maurilio Hernández puntualizó que la nueva legislación deberá considerar y reforzar las recientes reformas aprobadas por la Legislatura, que incluyen los mecanismos de calificación de las cuentas públicas, abrir la posibilidad de que los ciudadanos soliciten auditorías especiales y la creación de la Unidad Técnica de Evaluación y Control del OSFEM.
El también coordinador del Grupo Parlamentario de morena elogió la participación en el foro de estudiantes, investigadores, servidores públicos municipales, estatales, de organismos autónomos y de los poderes Legislativo y Judicial, organizaciones civiles y ciudadanos, ya que sus aportaciones enriquecerán el diseño de la nueva norma.
En el evento, realizado en el Instituto de Estudios Legislativos del Congreso local, el diputado puntualizó que el foro coadyuva al propósito de la Cuarta Transformación de la vida pública del país de democratizar las instituciones, lo cual pasa por la revisión del entramado jurídico para modernizarlo, además de que sirve para informar a la sociedad sobre el interés superior de generar mejores condiciones para brindar los resultados que el pueblo exige.
Durante el desarrollo del foro, el congresista Tanech Sánchez detalló que en el ámbito federal, desde el Congreso de la Unión, y a nivel de los estados, como Puebla, Chihuahua e Hidalgo, hay un nuevo paradigma de fiscalización, impulsado por el Sistema Nacional Anticorrupción, que ha propiciado cambios en las leyes de transparencia y rendición de cuentas, por lo que reconoció que la revisión de los informes de las cuentas públicas de 2017 en la entidad motivó el planteamiento de elaborar un nuevo proyecto de ley.
El legislador reconoció las aportaciones de los ponentes, porque el objetivo de la Comisión de Vigilancia es elaborar un proyecto fortalecido y documentado con base en la experiencia de la academia, la administración pública y la ciudadanía, por lo que valoró lo compartido en temas como el marco jurídico de la fiscalización superior en México; la transparencia y rendición de cuentas de las entidades de fiscalización locales; la fiscalización en Puebla y el Sistema Nacional Anticorrupción; la fiscalización superior desde la auditoría forense, y la coordinación entre la Secretaría de la Función Pública y las entidades de fiscalización superior federal y locales.
En su conferencia magistral, la diputada Aleida Alavés Ruíz, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la 64 Legislatura federal, urgió un cambio en la fiscalización y la rendición de cuentas, ya que el costo de la corrupción en México oscila entre el 5 y 10% del Producto Interno Bruto (dos billones de pesos, según la Organización de las Naciones Unidas), además de que el país está en números rojos en las variables de desarrollo internacional y es de los peor calificados en el combate a la corrupción por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y Transparencia Internacional.
Destacó que en el Congreso federal se está trabajando en la construcción de una Ley General de Fiscalización, que permita, entre otras cosas, homologar criterios de las auditorías, y trabajar en las áreas de mayor vulnerabilidad al momento de auditar, como las contrataciones de adquisiciones y las obras públicas.
En su participación, el experto en transparencia y hacienda pública, José Luis Estrada Rodríguez, habló de la importancia de incluir en la nueva legislación a los ciudadanos y a las organizaciones civiles como mecanismos de vigilancia de los recursos públicos, para generar certeza jurídica y gobernabilidad.
En su intervención, la diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo, presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la 60 Legislatura del Congreso de Puebla, señaló que la responsabilidad de los legisladores es garantizar la protección de los recursos públicos y dar certeza sobre su fiscalización a la ciudadanía, para lo cual deben dar seguimiento a las normas en la materia y vigilar su cumplimiento.
La maestra en administración pública y especialista en recursos materiales, María del Rosario Ochoa Díaz, agregó que la auditoría forense tiene como objetivo la prevención e identificación de fraudes para emitir, ante la autoridad judicial, conceptos y opiniones de valor técnico que permitan actuar con mayor certeza en las investigaciones, por lo que destacó el uso de tecnologías de información e investigación acompañadas de una preparación especializada.
Al hablar de los retos del Sistema Nacional de Fiscalización, Dálida Cleotilde Acosta Pimentel, titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, recalcó la necesidad de trabajar en políticas públicas que permitan una mayor coordinación entre los órganos fiscalizadores, así como en la construcción de mecanismos que den fluidez a la información entre ellos.
El próximo foro se realizará el 18 de octubre en el salón Benito Juárez del Poder Legislativo, además de que durante todo octubre los ciudadanos pueden entregar sus propuestas en las oficinas de la Comisión de Vigilancia, ubicadas en el Palacio Legislativo.
