La creación de plazas laborales no satisface la demanda en el Estado de México, señalaron diputados durante la comparecencia ante la 60 Legislatura mexiquense de Martha Hilda González Calderón, secretaria del Trabajo, ante quienes también plantearon su inquietud por la capacitación laboral y los riesgos del outsourcing.
Con motivo del segundo informe del gobernador Alfredo del Mazo Maza, la diputada María del Rosario Elizalde Vázquez, de morena, señaló que la entidad ocupa el cuarto puesto a nivel nacional en cuanto a desocupación, cuya tasa se ubica en 4.3 por ciento, y preguntó si realmente la conciliación laboral ha beneficiado a la clase más vulnerable en la relación obrero-patronal.
También por morena, el diputado Emiliano Aguirre Cruz cuestionó a la compareciente sobre el monto de los laudos laborales en la entidad, el número de juicios que se ventilan en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y la propuesta de la secretaría para solucionar este problema que aqueja a servidores públicos.
Del PRI, la diputada Mercedes Colín Guadarrama destacó que es urgente dar certeza a los procedimientos laborales y que con la Reforma Laboral federal ahora corresponde a las entidades realizar ajustes y modificaciones en la materia. “Como legisladores debemos trabajar en armonizar el marco jurídico estatal”.
En este sentido, preguntó a la secretaria del Trabajo qué ruta se ha trazado para implementar la Reforma Laboral en la entidad, los mecanismos de coordinación con el gobierno federal y la posición del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) respecto a sus similares en el país.
El diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez, vicecoordinador del PT, expuso que su bancada propuso que se prohíba la subcontratación o outsourcing en los tres Poderes y los municipios de la entidad, por atentar contra los derechos fundamentales de los servidores públicos, y cuestionó a la secretaria González Calderón sobre el crecimiento de estas empresas en el ámbito local y cuántas trabajan para el estado.
También destacó la función conciliadora, imparcial e independiente de la nueva Reforma Laboral y preguntó sobre la integración del Centro de Conciliación, el cual, apuntó, «debe garantizar confianza y credibilidad».
José Antonio García García, del PAN, expresó que corresponde tanto a la administración pública federal como a la estatal desarrollar y fortalecer los instrumentos para hacer efectivo el derecho de los mexiquenses a un empleo digno y bien remunerado.
Sin embargo, aseguró que en la entidad parece una tarea prácticamente imposible, pues de acuerdo con datos de la organización México ¿cómo vamos? en el segundo trimestre de este año en el Estado de México se generaron solo 17 mil 167 empleos de los 83 mil 300 que se tenían como meta para ese periodo; es decir, se generaron menos del 75% de los empleos.
A propósito, interrogó sobre las medidas que se tomarán para reactivar el mercado laboral y las acciones de la Secretaría para acabar con la informalidad y para revertir y atender la problemática de los trabajadores agrícolas y el trabajo infantil.
La diputada María de Lourdes Garay Casillas, de Encuentro Social, dijo que el empleo informal es un problema creciente en el Estado de México, donde seis de cada 10 trabajadores están en esta situación, mientras que el trabajo formal es mal remunerado, por lo que pidió información sobre las acciones de la Secretaría al respecto, sobre el seguimiento a los egresados de las Escuelas de Artes y Oficios y cómo ayuda el ICATI a combatir el desempleo.
La diputada Claudia González Cerón, a nombre del PRD, hizo notar que en el segundo informe de gobierno no se hace referencia al trabajo infantil, y recordó que para 2017 el INEGI señalaba que la entidad contaba con una tasa de trabajo infantil del 8.8%, por lo que interrogó a la secretaria del Trabajo respecto de los esfuerzos de la administración para contrarrestar estas cifras y los resultados de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la que es integrante.
Otros temas a los que se refirió la legisladora fueron los avances en la creación y dignificación del empleo para los mexiquenses, la prevalencia de la informalidad en el trabajo, su impacto en el desarrollo del estado y las medidas para reducirla, así como el incremento en la desocupación laboral y los resultados del programa Familias Fuertes Salario Rosa.
El coordinador del PVEM en el Congreso, José Couttolenc Buentello, destacó el interés de esta bancada por fomentar el empleo para los jóvenes y otros grupos vulnerables, como los adultos mayores y personas con discapacidad. A propósito, quiso saber cómo se apoya a quienes aún no han logrado colocarse en un empleo a través del programa federal Abriendo Espacios, sobre la calidad de los empleos otorgados a los beneficiarios, si son de calidad y con prestaciones o son temporales y sin seguridad social a través de outsourcing.
Se refirió además a los beneficios fiscales y descuentos en el impuesto sobre remuneraciones que el Verde Ecologista ha impulsado para empresas que contraten jóvenes de primer empleo y adultos mayores, por lo que quiso saber cuántas personas han sido contratadas en esta modalidad en lo que va de la administración. Otro planteamiento versó sobre acciones para evitar accidentes laborales, aspecto en el que el estado ocupa el primer lugar en el trabajo doméstico y la construcción.
Carlos Loman Delgado, diputado sin partido, preguntó sobre la promoción del derecho al trabajo en un ambiente sano, garantizando la igualdad entre hombres y mujeres, la conclusión del edificio de la Edayo en Santa María Totoltepec, el fomento a las cooperativas y la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral, «lo que abonaría a la articulación del tejido social».
Al responder a los planteamientos de los legisladores, la secretaria Martha Hilda González Calderón resaltó que el gobernador Alfredo del Mazo apoya la política laboral del presidente Andrés Manuel López Obrador y puntualizó que la reforma laboral en la entidad tiene que ser histórica y un ejemplo de colaboración de poderes, donde la Legislatura tiene la responsabilidad de adecuar el marco jurídico acorde a las estrategias federales y aprobar el presupuesto necesario para crear los tribunales y el Centro de Conciliación Laboral, así como fortalecer a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y las juntas locales de Conciliación y Arbitraje.
Destacó que el ICATI tiene 173 mil capacitandos en 45 escuelas y 17 unidades de capacitación externa; que se logró subir del lugar 24 al 15 en la clasificación del Servicio Nacional de Empleo; el acuerdo para el fortalecimiento de la Alianza Laboral Mexiquense entre empresas, sindicatos y gobierno, además de la efectividad de 53.8% en asuntos solucionados en conciliación administrativa, y el que se evitara el cierre de seis mil empresas en beneficio de 120 mil trabajadores.
La funcionaria reconoció que la entidad tiene un reto frente al 57% de informalidad que existe, superior a la cifra nacional (de 56%), pero por debajo de Hidalgo, Chiapas o Guerrero; aceptó que se tiene que fortalecer el empleo para los jóvenes y las acciones para erradicar el trabajo infantil, pero pidió a los ayuntamientos su colaboración, y puntualizó que el gobierno estatal no tiene trabajadores bajo el modelo de contratación de outsourcing, pero que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social registra 379 empresas de esta modalidad, de las cuales 17 están ubicadas en la entidad, esquema del que se manifestó en desacuerdo si solo sirve para evitar el pago impuestos y de cuotas del seguro social.
Añadió que el Seguro de Desempleo se activa con un protocolo que no ha llegado a los extremos, aunque para ello se necesitarían mil 500 millones de pesos; descartó que el partidismo influya en los trabajos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, por lo que indicó que en 2017 había tres mil 117 millones de laudos laborales y para 2019 el número se redujo a 837 millones; resaltó los 5 mil 685 convenios de conciliación en este año; calificó de paradójico que la entidad sea el primer lugar en accidentes laborales, pues es el único estado con una maestría en Prevención de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y defendió el programa del Salario Rosa por ser una herramienta para mujeres emprendedoras.
