El diputado Max Correa Hernández, presidente de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 60 Legislatura, propuso ampliar las atribuciones de este órgano parlamentario a fin de que pueda solicitar a la Secretaría de Finanzas los informes necesarios sobre la contratación de financiamientos para la atención de emergencias o desastres y verificar la correcta aplicación de los recursos públicos a través de los fideicomisos y fondos que se constituyan en esta materia.
Con las modificaciones sugeridas, la comisión también podrá impulsar y realizar estudios y proyectos de investigación en temas de su competencia con el apoyo del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso, y fomentar que se otorguen reconocimientos públicos, a nombre de la Legislatura, a personas físicas o jurídicas colectivas que se destaquen por su labor o contribución ejemplar en actividades relacionadas con la gestión integral de riesgos y protección civil y, en su caso, de cuerpos de bomberos o emergencias.
De acuerdo con la propuesta presentada en sesión plenaria presidida por el diputado Nazario Gutiérrez Martínez (morena), la comisión también podrá revisar y actualizar el marco jurídico de la materia, a fin de implementar los mecanismos necesarios de prevención y protección de la población ante la eventualidad de un riesgo, emergencia o desastre, de conformidad con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, además de conocer las iniciativas y temas relacionados con la planeación, resiliencia urbana y ordenamiento territorial que adviertan sobre zonas de riesgo para los asentamientos humanos.
De igual manera, en materia de medio ambiente y cambio climático, deberá conocer lo correspondiente a la gestión de riesgos, prevención, atención y recuperación del medio ambiente y el desarrollo sustentable.
En la propuesta del diputado Max Correa se conserva el que la comisión conozca sobre los asuntos que le asigne la Legislatura, la Diputación Permanente o la Junta de Coordinación Política; sobre las leyes y los asuntos de gestión integral de riesgos y protección civil; los convenios en la materia entre el gobierno del estado y los ayuntamientos, y con el gobierno federal u otros gobiernos estatales; los atlas de riesgos estatal y municipales, y las bases normativas sobre la organización, prevención y participación de la sociedad y las instituciones en los riesgos o fenómenos perturbadores de carácter natural o antropogénicos.
Con la iniciativa, explicó, se ampliará el catálogo de facultades que tiene la comisión legislativa para conocer y resolver los temas que le sean turnados, la cual desde el 19 de septiembre pasado dejó de llamarse ‘Comisión de Protección Civil’ para ser la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
La iniciativa, añadió el legislador, permitirá cumplir con el artículo tercero transitorio del decreto número 86 publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México del 4 de octubre de 2019, con el cual se cambió la denominación de la comisión, lo que constituyó un avance normativo que permite a la Legislatura transitar en el nuevo paradigma de la gestión integral y reducción del riesgo de desastres.
Para su dictamen, la iniciativa para reformar la fracción XXII del artículo 13 A del Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México fue enviada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
