La 60 Legislatura del Estado de México aprobó por unanimidad la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de México, que incluye la creación del Fondo Estatal de Desaparición, la integración del Consejo Estatal Ciudadano por familiares de personas desparecidas y especialistas y el Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Investigación y Búsqueda de Personas, y elimina el concepto de ‘persona no localizada’.
A través de un comunicado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio la bienvenida a la aprobación del ordenamiento, destacando que “supera los estándares de protección establecidos en la Ley General en la materia”, y enfatizó en la eliminación de la categoría de “persona no localizada”, pues de esta manera se reafirman las obligaciones de búsqueda e investigación inmediatas con independencia de si los hechos están vinculados o no a la comisión de un delito.
En sesión presidida por el diputado Nazario Gutiérrez Martínez (morena), la legisladora Karina Labastida Sotelo, quien presentó la iniciativa en marzo pasado, afirmó que la ley combate el delito de desaparición y sintetiza un principio que permite una transformación sustancial: la esperanza, “no como una utopía en un estado de carencia, sino como un resorte mediante en el cual se pueden transformar condiciones y sembrar rutas”.
“Eso, esperanza, es lo que nos han aportado los colectivos y familiares de personas desaparecidas en el espíritu de esta ley”, subrayó la presidenta de la Comisión Especial Para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, al reconocer la participación de la sociedad en la elaboración de la ley que, prevé la legisladora, puede convertirse en un modelo para el resto de las entidades de la República.
En el salón de sesiones, representantes de los colectivos de familiares de víctimas de desaparición, así como de organizaciones civiles, atestiguaron la aprobación de la nueva ley y expresaron, junto con la diputada, “sin las familias no, hasta encontrarlas”.
El dictamen emitido por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia y la especial de seguimiento a las Alertas por Violencia de Género señala, entre los objetivos de esta ley, el establecer la coordinación entre el estado y sus municipios para buscar a las personas desaparecidas, así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en esta materia, además de asegurar la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas hasta que se conozca su paradero y la atención, asistencia, protección y, en su caso, reparación integral y las garantías de no repetición.
También tiene el propósito de garantizar la participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas y su coadyuvancia en las etapas de la investigación y en el proceso, a fin de que puedan verter sus opiniones, recibir información y aportar indicios o evidencia. Asimismo, se crea el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, que formará parte del Registro Nacional.
Al leer el dictamen ante el Pleno, la diputada precisó que en el análisis de la iniciativa de ley y en la integración del proyecto de decreto se observó el principio de Participación Conjunta, ya que intervinieron colectivos de familiares de víctimas de desaparición, representantes de dependencias públicas, organizaciones internacionales y asociaciones civiles.
Entre ellos, resaltó la participación de representantes de los colectivos Red Eslabones por los Derechos Humanos, Buscándote con Amor, Alondras Unidas, Uniendo Esperanzas, Red de Madres Buscando a sus Hijos, Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Fundación Unidos por una Mejor Vida, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
También participaron en las mesas de trabajo representantes de las secretarías de Finanzas, de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos; de la Comisión de Derechos Humanos, de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, de la Comisión de Búsqueda de Personas, de la Fiscalía General de Justicia, del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, todos del Estado de México.
