Los diputados Anuar Azar Figueroa y Miguel Sámano Peralta, coordinadores parlamentarios del PAN y del PRI, respectivamente, así como la diputada panista Ingrid Schemelensky Castro, coincidieron en que se debe visibilizar las situaciones que vulneran los derechos de la niñez para promover su atención, sumar esfuerzos interinstitucionales y multidisciplinarios y revertir la situación.
En el foro ‘Situación de la niñez en el Estado de México respecto al abuso sexual, maltrato, cáncer e inclusión educativa’, organizado por la legisladora Ingrid Schemelensky, los diputados remarcaron la necesidad de colocar en la agenda pública el derecho al acceso a una infancia plena, ya que niños y adolescentes son los grupos más vulnerables de la sociedad, porque no cuentan con los medios para protegerse a sí mismos.
Durante el evento, en el que también participaron los legisladores José Antonio García García, Karla Fiesco García, Brenda Escamilla Sámano y Javier González Zepeda, del PAN; Juan Maccise Naime, Lorena Marín Moreno y Lilia Urbina Salazar, del PRI; Alicia Mercado Moreno, de morena, y el diputado sin partido Carlos Loman Delgado, se coincidió en que es urgente la coordinación entre sociedad y gobierno para que México deje de ocupar el primer lugar en casos de abuso sexual infantil de los 33 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Los legisladores lamentaron los 5.4 millones de casos anuales de abuso sexual infantil en el país y que este delito se haya incrementado en la entidad, de 2015 a 2019, hasta en 107%, por lo que subrayaron la importancia de visibilizar las situaciones que vulneren el desarrollo de niñas, niños y adolescentes y promover su atención de manera especial.
Ante especialistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, académicos, titulares de dependencias de gobierno y ciudadanos, Ingrid Schemelensky recordó que según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ocho de cada 10 abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes son cometidos por sus familiares y solo uno de cada 10 de esos crímenes recibe una sentencia, además de que las agresiones sexuales contra menores de edad se incrementaron 39% en los últimos tres años.
Por otro lado, señaló que el cáncer, según la Organización Mundial de la Salud, es una de las principales causas de mortalidad de niños y adolescentes en el mundo, y que en México hay entre cinco y seis mil casos nuevos al año en menores de 18 años, de los cuales se estima que la mitad perderán la vida debido a que no son diagnosticados a tiempo.
Además refirió que, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el que un niño o niña abandone la escuela preescolar o primaria se relaciona, en mayor medida, con el hecho de tener una discapacidad, principalmente las que impiden caminar, moverse, hablar o ver, por lo que resaltó la necesidad de impulsar la educación inclusiva sumada a la eliminación de barreras que limitan el aprendizaje o la participación de personas con alguna discapacidad en la educación.
En su turno, el legislador Anuar Azar manifestó su preocupación por la sustitución del Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar, ya que, puntualizó, las personas con cáncer no podrán ser atendidas ahí, sino que tendrán que costear sus tratamientos, por lo que hizo un llamado a la sociedad para continuar manifestando su inconformidad a través de las redes sociales, además de que destacó que los legisladores mexiquenses lograron fortalecer el presupuesto en materia de salud y adelantó que, a través del trabajo legislativo, se buscará la creación de programas y apoyos en beneficio de la niñez.
También enfatizó en la importancia del acceso a la educación universal a través de la educación inclusiva para contar con una verdadera educación formativa y con valores, en la que se vean involucrados alumnos, padres, maestros y autoridades, a fin de que los niños estén seguros de que podrán desarrollar su personalidad sin temor a ser discriminados, porque actualmente no hay una política nacional de educación inclusiva.
En tanto, el diputado Miguel Sámano indicó que la entidad tiene un gran potencial en las nuevas generaciones, porque niños de 0 a 14 años representan casi 30% de la población, por lo que expresó que resulta indispensable fortalecer los instrumentos legales y políticas públicas para garantizar los derechos de la niñez.
Añadió que el acceso a una infancia plena debe ser un tema prioritario dentro de la agenda pública por tratarse de un derecho humano fundamental y de gran relevancia para la sociedad, por lo que elogió la realización del foro para recabar elementos para perfeccionar el marco jurídico y promover acciones adicionales que permitan a los niños mexiquenses crecer entorno estable y seguro para desarrollar todo su potencial.
El foro, que se dividió en cuatro paneles en los que se trataron temas como la situación de la niñez en México, el maltrato y el abuso infantil, el cáncer infantil y la educación inclusiva, contó con las ponencias de representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México; los Servicios Educativos Integrados al Estado de México; los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia estatal y municipales, ministerios públicos especializados, procuradurías municipales de protección de niñas, niños y adolescentes, y asociaciones civiles.
Los ponentes resaltaron la necesidad de abordar las problemáticas del sector desde la perspectiva de la parte afectada y no desde la perspectiva de los adultos; reforzar la cultura de la denuncia; conceptualizar que el cuidado de los niños corresponde a toda la sociedad; incrementar recursos para la defensa de los derechos de los niños; capacitar a servidores públicos que brindan atención a víctimas; conjuntar esfuerzos de las instituciones para mejorar resultados; eliminar la prescripción del delito en casos de abuso infantil; armonizar la legislación local con la federal en materia de atención a víctimas; fortalecer las procuradurías municipales; cambiar el aspecto asistencialista a los DIF para que busquen la protección de los menores; considerar la psicología en el tratamiento oncológico, e instaurar una política pública de educación inclusiva, entre otras.
