Diputados de las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Derechos Humanos de la 60 Legislatura estatal se pronunciaron por un ejercicio de parlamento abierto para el estudio y análisis de las iniciativas de leyes de amnistía presentadas en diferentes momentos por los grupos parlamentarios de morena, PT y PRD y por el ciudadano José Humbertus Pérez Espinoza, con el fin de conocer y recibir opiniones tanto de la sociedad civil, como de servidores del Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y otras dependencias, para elaborar un ley que beneficie realmente a la sociedad, la entidad y a quienes han sido presos injustamente.
En la primera reunión de trabajo de estas comisiones, su presidente, el diputado Sergio García Sosa (PT), adelantó que, por tratarse de iniciativas con el mismo objeto, para su dictamen se aplicarán los principios de técnica legislativa y economía procesal, de modo que se integrarán en un mismo dictamen y un solo proyecto de decreto.
En la reunión tuvieron la palabra la diputada Mariana Uribe Bernal y Max Agustín Correa Hernández, para exponer el contenido y sentido de la iniciativa presentada junto con sus compañeros Gerardo Ulloa Pérez y Liliana Gollas Trejo, todos de la bancada de morena. Uribe Bernal señaló que el sistema de justicia penal en México no ha dejado de generar víctimas de violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y a la libertad e integridad personales, muchas de las cuales son personas vulnerables y en situación de pobreza.
Agregó que la ley federal en la materia dispone que se promueva en cada entidad un ordenamiento semejante, a lo cual responde su propuesta dirigida al beneficio de adolescentes, mujeres, personas de grupos vulnerables y marginados, de pueblos originarios, con discapacidad, adultos mayores o que hayan cometido delitos por coerción de alguien o por grupos de la delincuencia organizada. Aclaró que la amnistía no procederá en casos de delitos contra la vida o la integridad corporal (salvo casos del artículo 6 del Código Penal estatal), secuestro de menores, uso de violencia, violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o delitos graves, entre otros supuestos.
Apuntó que, en la entidad, desde 2018 al menos cien mujeres fueron encarceladas por aborto, en tanto que el Grupo de Información de Reproducción Elegida estima en más de cuatro mil las mujeres denunciadas entre 2007 y 2017. Por otro lado, la extinta Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reportó que, en 2017, de más de 200 mil sentenciados en México, aproximadamente 6 mil 600 pertenecían a algún pueblo originario.
Su compañero Max Correa señaló que la iniciativa establece condiciones y procedimientos para ejercer la ley, periodos precisos para solicitar la amnistía y resolverla, y no considera la creación de alguna comisión especial para dar seguimiento a las solicitudes, ya que eso provoca retrasos. Su aprobación, explicó, no implica que los instrumentos existentes de preliberación ya no puedan utilizarse.
Para el legislador con esta ley se impulsa la reconciliación de la sociedad con las instituciones de justicia, la paz social y el despoblamiento de las cárceles, además de que facilitará una evaluación profunda de las actuaciones del Poder Judicial y de la Fiscalía General de Justicia. Propuso abrir el estudio a la sociedad y a las instituciones bajo el principio del parlamento abierto, de modo que puedan conocerse las opiniones y propuestas de quienes estén a favor como en contra.
Por el PRI el diputado Juan Maccise Naime llamó a tomar en consideración las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las leyes similares aprobadas en países del continente para no caer en errores y pidió analizar con detalle e imparcialidad las cuatro propuestas, valorando sus implicaciones penales y jurídicas. Se sumó a la intención de consultar con expertos, al menos un especialista de la Fiscalía General de Justicia y otro del Poder Judicial.
María Luisa Mendoza Mondragón, del Verde Ecologista, también llamó a una revisión precisa de las iniciativas, pues si bien debe armonizar con la ley federal en la materia, los casos posibles de la entidad no son iguales que los de la Federación.
También de morena, la diputada Alicia Mercado Moreno se dijo segura del beneficio que representan las propuestas y se pronunció por que se dirijan sobre todo a los grupos vulnerables, ya que en la iniciativa de su bancada los beneficiarios son de otros sectores de la población; su compañera Violeta Nova Gómez apuntó que será benéfica para grupos vulnerables antes olvidados por la legislación y la autoridad, al tiempo que llamó a hacer un estudio profesional de las iniciativas y a cuidar la redacción, como en el artículo sexto de la propuesta morenista, que parece dejar abierta la posibilidad de amnistía por cualquier tipo penal.
Gerardo Ulloa Pérez y Julio Alfonso Hernández se sumaron al planteamiento de Max Correa para diseñar una agenda y un método que permitan trabajar con otras instituciones y con la sociedad civil.
Por el PAN, los legisladores Ingrid Schemelensk y José Antonio García, quienes respaldaron la propuesta de Max Correa para abrir el debate y escuchar a servidores de las instituciones antes referidas, expusieron dudas sobre la necesidad de una Ley de Amnistía para la entidad. Para José Antonio García ya se cuenta con legislación y mecanismos que permiten la liberación anticipada de presos, como la preliberación, la liberación condicionada y la sustitución de penas, que han permitido la liberación adelantada de más de 600 sujetos, pudiendo llegar a más de 4 mil.
Afirmó que la Ley de Amnistía recientemente aprobada en el Congreso de la Unión todavía no facilita la liberación de ningún preso y no cuenta con una herramienta para dar seguimiento a los liberados, quienes podrían reincidir. Se pronunció porque en la entidad se revisen los casos de quienes pueden ser liberados anticipadamente sin esperar a aprobar una ley como la propuesta.
Ingrid Schemelensky advirtió que es un contrasentido pretender perdonar a quienes han delinquido, sobre todo considerando que en la actual Legislatura la mayoría de las reformas aprobadas han sido al Código Penal para endurecer las penas contra quienes cometen delitos. Señaló que la iniciativa ciudadana es ambigua en la figura de “falsos culpables”, la del PT no debe incluir perdón por delitos contra la salud y es imprecisa en cuanto a indígenas presos por no haber contado con traductores durante procesos penales, en tanto que la de morena y el PRD no es precisa en cuanto a su objetivo, pues el tema del aborto ya está considerado en la legislación.
Apuntó que no se estima el impacto presupuestal de un Ley de Amnistía y no incorporan programas de reinserción social, favoreciendo la impunidad y atentando contra el derecho de las víctimas. Pidió trabajar en medidas para la reactivación económica y apoyo a empresarios, de modo que no se profundicen las condiciones que generan mayor delincuencia.
