La diputada Montserrat Ruiz Páez (Morena) retó al gobierno estatal a revertir el incremento de 10 a 12 pesos a la tarifa del transporte público, como una medida de apoyo a la economía familiar en la pandemia de covid-19, en tanto que los diputados del PVEM y PT, José Couttolenc Buentello y Bernardo Segura Rivera, respectivamente, demandaron al secretario de Movilidad, Luis Gilberto Limón Chávez, explicar por qué se autorizó el llamado “tarifazo”, que no se ha reflejado en un mejor servicio ni en mayor seguridad para los usuarios.
En sesión especial de la LX legislatura estatal por la glosa del Tercer Informe del gobernador Alfredo del Mazo Maza, los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PES y sin partido cuestionaron al funcionario sobre la autopista Toluca-Naucalpan; la infraestructura y equipamiento urbano en favor de grupos vulnerables y personas con discapacidad; las acciones para garantizar la comunicación hacia el aeropuerto Felipe Ángeles y combatir la inseguridad en el transporte, así como si se cuenta con planes para una movilidad sustentable.
La diputada Ruiz Páez planteó que la inseguridad en autobuses y colectivos contabiliza en el valle de México más de 31 asaltos por cada 100 mil habitantes, por lo que exigió una estrategia integral; demandó que obras carreteras como la autopista Siervo de la Nación concluyan a tiempo y sin sobrecostos, y recordó que la Legislatura ha exhortado a aclarar las actuaciones de OHL (hoy Aleática) en la entidad —un “sinónimo de corrupción”, aseguró—, que explota el viaducto Bicentenario, el cual debe ser recuperada por el Estado.
Pidió saber cuánto falta por recuperarse de la inversión en el Circuito Exterior Mexiquense y cuándo se verán resultados de la concesión a privados para el mantenimiento de carreteras en el sur mexiquense.
De Morena también, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Nazario Gutiérrez Martínez, expresó que la creación de esta Secretaría fue una decisión correcta y confió en que el secretario Gilberto Limón haga un buen trabajo. Le solicitó priorizar acciones para abatir el rezago en el reordenamiento del transporte, la actualización del padrón de transportistas, la regularización de los operativos toxicológicos, aplicar un programa de “borrón y cuenta nueva” para que concesionarios regularicen sus unidades en cuanto a placas y verificaciones, y que ordene el servicio de grúas y corralones.
Por el PRI, la legisladora Iveth Bernal Casique pidió información de la colaboración de los gobiernos estatal y federal para garantizar acceso al aeropuerto Felipe Ángeles, pues se estima que lo utilizarán hasta 80 millones personas por año. También consultó sobre las acciones para el sector de la construcción de vías de comunicación durante la pandemia.
Del PAN, Javier González Zepeda denunció el incremento del robo a pasajeros, que llegó a 3 mil 767 casos de enero a julio pasados, la mayoría violentos y perpetrados en municipios del Valle de México, por lo que cuestionó dónde está la policía y demandó saber de quién es la responsabilidad. Pidió también regularizar el servicio de plataformas digitales para el transporte privado, pues también ahí se registran delitos, abusos y competencia desleal contra los concesionarios ordinarios.
Por el PT, Bernardo Segura Rivera cuestionó el excesivo número de anuncios espectaculares y exigió su regulación. Del PES su coordinadora, la diputada Julieta Villalpando Riquelme, estimó que no se justificó la adopción del sistema de transporte teleférico y preguntó si habría otras líneas o rutas. Asimismo, demandó que la autopista Toluca-Atlacomulco sea gratuita por ser un tramo de la Panamericana y preguntó por las acciones para reactivar el aeropuerto internacional de Toluca, así como las condiciones en que fue abierta la autopista Toluca-Naucalpan.
La diputada Araceli Casasola Salazar, a nombre del PRD, dijo que a pesar de que el secretario admite que la movilidad es un derecho humano, no está garantizado ni protegido. Apuntó que este año se han registrado 4 mil 358 robos en transporte público y que las mujeres son las que más viajes realizan, con tres o cuatro recorridos diarios, por lo que pidió conocer las acciones para otorgar seguridad en este servicio.
Preguntó por las acciones en favor de las comunidades por las que pasan obras de infraestructura, como la autopista Toluca-Naucalpan, de la que todavía existen amparos por parte de sus residentes.
El diputado José Couttolenc Buentello, coordinador parlamentario del PVEM, también consultó las razones por las que no se han atendido las reformas y exhortos de la Legislatura para otorgar servicio de estacionamiento gratuito a las personas con discapacidad y no se ha ajustado el Reglamento de Tránsito para incorporar las sanciones por no hacerlo.
Del grupo de legisladores sin partido, Carlos Loman Delgado pidió aplicar el esquema de inversión privada, como el autorizado para las carreteras del sur mexiquense, en otras regiones y municipios, mientras que Juan Carlos Soto Ibarra se pronunció por otro modelo de transporte y movilidad, así como atender la región oriente en este rubro.
En sus intervenciones el secretario destacó la colaboración entre la federación y el estado para instaurar un sistema aeroportuario metropolitano, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y una red de acceso. Agregó que las obras consideradas para este proyecto estarán a tiempo, y precisó que la Toluca-Naucalpan sirve a este propósito. En cuanto a los transportistas dijo que hay mesas de trabajo para tratar la renovación del parque vehicular y la disminución de las primas de seguros; afirmó que se otorgan tarifas preferenciales a personas adultas mayores y menores de cinco años en servicios como el Mexibús, y adelantó que está por operar la línea 4 Tecámac-Indios Verdes.
Contra la inseguridad dijo que se realizan operativos en coordinación con el C-5, registrando en el último año más de 600 operativos y 13 mil unidades revisadas. Agregó que se planean ciclovías en la zona metropolitana, y sobre el servicio de grúas y las plataformas digitales se pronunció por la colaboración con las y los legisladores para actualizar la norma y precisar condiciones y alcances de estos servicios, de modo que los operadores sigan ofreciéndolos pero con orden, equidad y piso parejo en relación con otros prestadores.
