Ante la deuda de municipios mexiquenses con diferentes proveedores por más de 4 mil millones de pesos, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, coordinadora del grupo parlamentario del PVEM en el Congreso local, anunció que impulsará una iniciativa de ley que incluya las propuestas del sector empresarial y personas especialistas a fin de dar solución a esta situación, y se pronunció en contra de la venta del patrimonio municipal para allegarse de recursos y pagar deuda.
Durante el ‘Foro Retos de la Deuda Municipal con Particulares’, la legisladora recordó que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) ha emitido mil 121 observaciones a los ayuntamientos por más de 2 mil 200 millones 619 mil pesos, algunas de estas por adeudos a proveedores, aunque estas observaciones no garantizan que los particulares puedan recuperar su inversión, lo que está generando quiebras, desempleo e inseguridad.
Posteriormente, ante Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCE), integrantes del sector empresarial mexiquense y especialistas en finanzas, la legisladora Claudia Desiree Morales Robledo (PVEM) apuntó que este problema evidencia lagunas legales, al no existir sanciones en contra de las personas responsables, y como presidenta de la Comisión de Legislación y Administración Municipal ofreció contribuir a frenar el incumplimiento de pagos por parte de ayuntamientos.
En su intervención, José Couttolenc Buentello, líder estatal del PVEM, refirió que, de acuerdo con el CCE Edomex, las administraciones municipales reportan adeudos por más de 4 mil mdp por pago a proveedores por obra pública, retenciones, papelería, tecnología y mobiliario, entre otros, mientras que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas reporta que de las 25 demarcaciones más endeudadas de México cuatro son mexiquenses.
Arturo Huicochea Alanís, director del Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM), propuso que los particulares hagan uso del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, el cual indica que hasta 2020 había 51 municipios mexiquenses deudores y que algunos de estos no cuentan con una adecuada recaudación de impuestos, además de dar a conocer otros mecanismos legales existentes.
En su momento, Felipe Javier Serrano Llarena, vocal ejecutivo del Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), destacó la importancia de la capacitación a personas servidoras públicas e informó que este instituto, en 21 años ha capacitado en finanzas a 50 mil personas servidoras públicas, y entre 2004 y 2021 certificó a 6 mil 118 en competencias laborales.
Por su parte, el exmagistrado Jesús Molina Juárez dijo que parte del problema deriva de que las áreas financieras no aplican los principios y bases señalados en la Constitución y en las leyes secundarias para la compra de insumos, realización de obras y contratación de deuda, por lo que se pronunció por precisar las sanciones y adecuarlas en contra de quienes incumplan dichos principios.
También participaron María Isabel Selene Clemente Muñoz, vocal ejecutiva del Instituto de Estudios Legislativos (Inesle); Nayelli Barrueta Sánchez, de la Contraloría General Gubernamental del gobierno estatal; Martín Augusto Bernal Abarca, director general de administración del Poder Judicial; Jorge Carrión Iturbe, excolaborador en el Inesle, y Mario Edgar Gómez Sánchez, profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México.
