Al iniciar el Parlamento Abierto de las Mujeres que busca construir una sociedad igualitaria y libre de violencia machista, las diputadas María Isabel Sánchez Holguín y Paola Jiménez Hernández, ambas del PRI, así como Viridiana Fuentes Cruz (PRD) coincidieron en que el derecho a cuidar y a ser cuidado debe ser reconocido constitucionalmente como una obligación de hombres y mujeres y la base del Sistema de Cuidados del Estado de México, a fin de lograr la emancipación política y económica de las mujeres.
Ante organizaciones y colectivas feministas y de víctimas de violencia machista, representantes de dependencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, académicas y estudiantes, la legisladora María Isabel Sánchez subrayó que la tarea del Poder Legislativo es brindar herramientas a la Secretaría de las Mujeres para generar políticas públicas que contribuyan a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, especialmente en las tareas del hogar para que este trabajo sea remunerado y se libere a las mujeres de jornadas dobles, así como de la violencia doméstica, económica y machista.
Las conclusiones de este primer panel del Parlamento Abierto, denominado ‘Hacia el reconocimiento del derecho al cuidado y los derechos de las personas cuidadoras en el Estado de México’, explicó la legisladora, enriquecerán la iniciativa que ya presentó la diputada Viridiana Fuentes sobre este tema y formarán parte de una agenda legislativa que será impulsada en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones.
En presencia del diputado Alfredo Quiroz Fuentes y la diputada Josefina Aguilar Sánchez, del PRI, y de Myrna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), la legisladora Paola Jiménez, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, destacó que en 2020 la Cámara de Diputados Federal aprobó una reforma constitucional que sería la base del Sistema Nacional de Cuidados, aunque el proyecto sigue pendiente en el Senado.
Al citar que una de cada dos mujeres cuidadoras está destinada a la pobreza, la legisladora dijo que datos de 2015 reflejan que las mujeres de 12 años en adelante dedican en promedio 49 horas al trabajo no remunerado mientras que los hombres solo 19.4 horas semanales a estas actividades, por lo que consideró necesario un nuevo contrato social que deje en claro que el cuidado es responsabilidad de mujeres y hombres por igual, para lo cual se deben implementar políticas públicas con presupuesto garantizado.
La legisladora Viridiana Fuentes (PRD) aseguró que, frente a la posibilidad de hacer historia en la entidad y avanzar en la igualdad y equidad, se debe valorar la equidad entre hombres y mujeres respecto a los cuidados; derecho reconocido en la constitución de la Ciudad de México en 2017, mientras que a nivel federal existen siete iniciativas, por lo que calificó de urgente reformar la constitución local, como lo propuso en febrero pasado.
Myrna Araceli García señaló la importancia de reconocer el derecho al cuidado como un derecho universal porque implica extender la responsabilidad, la obligación y los recursos necesarios para satisfacer las necesidades del cuidado de la población; y María Luisa Cienfuegos Gutiérrez, directora General de Prevención y Atención a la Violencia de la Secretaría de las Mujeres, reconoció que el sistema de cuidados es un desafío en materia presupuestal y de coordinación en las áreas de gobierno, así como la organización del Estado, la comunidad y el sector privado.
Entre las conclusiones del panel destacaron que la concepción de la mujer como proveedora de los cuidados es una construcción social que ha cimentado desigualdad, que se deben reconocer que los trabajos tienen una dimensión social, cultural, económica y política, que se debe trabajar en la corresponsabilidad entre el gobierno, empresas, familias y comunidades, así como entre hombres y mujeres y grupos generacionales y que se debe legislar para revalidar, redistribuir y remunerar las labores de cuidados.
El Parlamento Abierto de Mujeres, espacio que coadyuvará a la construcción de una agenda legislativa de las mujeres, abordará en otras sesiones temas como ‘La atención y prevención a la violencia política por razones de género’, ‘La democracia representativa, participativa y paritaria’ y ‘El derecho a las mujeres a una vida libre de violencia’, las cuales se desarrollarán los días 13 de julio, 3 de agosto y 7 de septiembre, respectivamente.
Durante el análisis de este tema se dio a conocer que el trabajo no remunerado en materia de salud en el país, realizado principalmente por mujeres equivale a 50 por ciento del presupuesto del Gobierno de México en esta materia, mientras que 46 millones de personas requieren cuidados cuyo pago equivale a 23.2% del Producto Interno Bruto.
En el primer panel participaron Yazmín Pérez Haro, directora de Innovación y Proyectos Especiales del Instituto Nacional de las Mujeres; Regina Gallegos Triana, especialista y activista en derechos humanos de las mujeres; María Viridiana Sosa Márquez, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx); y Alma Rosa Colín, coordinadora de Políticas y Presupuestos para la Igualdad y el Desarrollo Sustentable de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C.
