Ante el fraude que están cometiendo empresas como Autofinanciamiento Real de Bienes y Servicios, al abusar de la confianza de ciudadanos que pretenden a través de un financiamiento comprar un automotor o motocicleta, el diputado local de Morena, Faustino de la Cruz, hizo un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que intervenga y proceda con el fin de evitar que estas arbitrariedades se sigan cometiendo con toda impunidad y escudados en las letras chiquitas de los contratos en perjuicio de la economía de los afectados.
El legislador señaló que debido a constantes denuncias ciudadanas de incumplimiento de contratos por empresas como la ya mencionada, que de manera impune no respeta plazos, términos, entregas y condiciones, además de los compromisos adquiridos en los llamados financiamientos, es que debe intervenir la Profeco.
Muestra de los excesos, en contra de los consumidores, ARBYS Atizapán de Zaragoza, tan solo a más de dos años que uno de los afectados firmó un contrato de financiamiento desde febrero de 2020, por una motocicleta Moto Bajaj Pulsar 200 pull, que no le han entregado, pero si han retenido, la cantidad de 26 mil 800 pesos, casi la mitad del costo del financiamiento, que sería de más de 60 mil, a la fecha le siguen dando vueltas, pretextos y excusas para entregarle el vehículo y en caso de cancelar el contrato, absurdamente le quieren cobrar no solo la comisión por apertura sino penalización, pese a que la empresa fue la que incumplió el contrato.
Ante esta situación de desesperación por parte de afectados, el diputado de Morena, comentó que Profeco es un organismo que debe dar seguimiento a este tipo de empresas que se aprovechan de manera descarada de los consumidores y evitar que este tipo de abusos sucedan en perjuicio de la ciudadanía.
El defraudado, Nestor, externó su preocupación y temor de perder su dinero, porque luego de dos años de haberlo entregado y pedir su restitución al vendedor, supervisor, gerente, área de administración de la sucursal ubicada en Atizapán de Zaragoza, ahora resulta que, si cancela el contrato para tener de vuelta su dinero, tendría que cubrir casi 20 mil pesos por la penalización.
Y reiteró, es absurdo, “siento mucho coraje e impotencia, porque yo no fui quien incumplió”, narró que tampoco le dieron la opción de compra de otra motocicleta, con el dinero que ya había entregado, por lo que la excusa es referente a las letras chiquitas del contrato, que refirieron que por el Covid había inconvenientes de entrega y se deslindaban del problema, porque el contrato contenía esas especificaciones.
Asimismo, afectados refirieron, es tanta la impotencia y el temor de perder el dinero destinado para un bien, que como ciudadanos acudimos a nuestros legisladores, para que volteen a ver a este tipo de empresas que en diversos casos solo afectan a la población.
Por último, recomendó a quienes buscan un financiamiento que se fijen muy bien al firmar un contrato con dicha empresa, que le prometió que en el tercer pago le entregarían el modelo que seleccionó, lo cual no sucedió, porque él confió y entregó un primer pago de 14 mil 652, otras dos mensualidades de 6 mil 100, en total 26, 800. 52, cantidad que aún sigue en manos de esta empresa. Y concluyó, tan solo por la apertura pagué 2 mil 600 que cubrirían gastos de administración.
