Las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y para la Atención de Grupos Vulnerables del Congreso local aprobaron, por unanimidad, reformas para establecer que los familiares de las personas mayores deberán proporcionarles alimentos y el pago de gastos médicos extraordinarios urgentes, los medicamentos que requiera, y gastos por terapia o atención especializada en gerontología, geriatría y psicogerontología, y sepelio.
Durante la reunión, la diputada Silvia Barberena Maldonado (PT), autora de la iniciativa de reforma al Código Civil, dijo que se trata de ir más allá de un ordenamiento enunciativo y especificar las acciones que garanticen estos derechos, ya establecidos en el artículo 33 de la Ley del Adulto Mayor, mientras que la legisladora morenista Alicia Mercado Moreno, presidenta de las Comisiones Unidas, destacó que esta reforma contribuirá a que las necesidades de las y los adultos mayores se asuman con una perspectiva de derechos humanos.
Conforme a la propuesta, este grupo poblacional, que representa 9.5 por ciento de la población estatal, requiere de atenciones especiales, no obstante, el ritmo de vida actual ha propiciado que su abandono sea cada vez más común, por lo cual 22 por ciento padece precariedad, 47 por ciento abandono, 18 por ciento desnutrición, 10 por ciento violencia y 3 por ciento algún tipo de explotación.
