Ejidatarios del Núcleo Agrario Las Salinas denunciaron que a punta de pistola y a balazos fueron echados del Rancho El Cristo o Embajomuy con una superficie de 90 hectáreas, ubicado en el municipio de San Felipe del Progreso en el estado de México, por la vocal Ejecutiva del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM), Dora Elena Real Salinas.
Quien junto con sus padres se resiste hacer entrega del bien inmueble con el casco de la finca y demás elementos al grupo del Ejido Las Salinas. Pese a que existe una orden de desalojo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmo la sentencia del TOCA-541 desde el 2013.
Lidia Segovia, representante legal de los ejidatarios, indicó que el pasado 8 de agosto de este año, el Juzgado Civil de Ixtlahuaca notificó a José Guadalupe Real Pedraza, padre de Dora Elena, que tenía ocho días para desalojar la propiedad.
Por lo que no comprende la actitud de la funcionaria, quien con un grupo de personas armadas llegó al predio intimidándolos y exigiéndoles que se fueran, ya que de lo contrario traería a personas del poblado de Choteje para golpearlos.
Dora Elena Real, quien fuera diputada local por Partido Revolucionario Institucional en la LVIII legislatura del Estado de México en el periodo de 2012 al 2015 informó a los ejidatarios que no hará entrega de la propiedad hasta que no llegue el Ministerio Público con una orden de desalojo.
El Rancho El Cristo o Embajomuy fue adquirido por el grupo ejidal Las Salinas el 28 de marzo de 1960, derivado de la expropiación de sus tierras por el gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el 1 de agosto de 1945.
Con el pago de esa expropiación, ya que la ley no les permitía dividirse el dinero, los ejidatarios compraron el predio de 90 hectáreas en la zona Mazahua en el municipio de San Felipe del Progreso, el cual años más tarde les fue arrebatado por José Guadalupe Real Pedraza, quien a lo largo de dos décadas ha ofrecido en venta a compradores de buena fe parte del terreno.
Situación que les ha permitido ganar tiempo a través de juicios y amparos para seguir habitando la propiedad.
La representante legal explicó que desde 1993, el Tribunal Unitario Agrario reconoció que el predio era propiedad del Ejido de las Salinas y se declaró incompetente, por lo que se inició el juicio civil en Ixtlahuaca, pero qué gracias a las relaciones políticas de la vocal del CEDIPIEM, que dice proteger los derechos de los pueblos indígenas, el juzgado, una y otra vez concede amparos a los familiares de la funcionaria, a fin de suspender la orden de desalojo.
Por su parte, Marina Morena Vega, presidenta del Comisariado Ejidal de las Salinas, acreditada ante el Registro Agrario Nacional en marzo de este año con el folio 2672, destacó que el conflicto que enfrentan con Real Pedraza y ahora su hija Dora Elena ya se tornó político, pues ya han agotado todas las instancias legales, sin que ninguna autoridad, incluyendo el Ministerio Público, quiera entrar al Rancho con la fuerza pública.
Los ejidatarios del Núcleo Agrario las Salinas denunciaron que el pasado jueves, tras ser desalojados con lujo de violencia del predio por la funcionaria, cuatro personas a su servicio fueron detenidas por elementos de la policía estatal y del ejército, quien al escuchar las denotaciones se aproximaron al lugar.
Se trata de José Manuel Malo Sánchez, Pablo García Sánchez, Ceferino Contreras y César Acevedo Ramírez, quienes, al momento de su captura, luego de que intentaron huir, se les encontró en el vehículo donde viajaban un arma de fuego calibre 22.
Sin embargo, al llegar al Centro de Justicia de Ixtlahuaca fueron puestos en libertad. “El M.P nos indicó que los abogados de los detenidos llevaban preferencia y curiosamente son los mismos defensores legales de Real Pedraza. A los ejidatarios nunca se les tomó la declaración”, informó Segovia.
Por lo que los ejidatarios hacen un llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a fin de que se investigue los niveles de corrupción y tráfico de influencia de esta familia que no puede acreditar la propiedad del predio pero que haciendo uso de sus relaciones políticas se burlan de las instituciones y de los verdaderos propietarios del Rancho El Cristo o Embajomuy y hasta de los pueblos indígenas, pues como funcionaria les demuestra un rostro pero al cerrar la puerta se descubre su verdadera identidad.
