Exgobernadores se quedan sin personal de ayudantía financiado por dinero de los mexiquenses.
Con el propósito de retirar a los exgobernadores mexiquenses el personal de ayudantía que con cargo al erario está a su servicio, y en concordancia con los principios de igualdad, transparencia y austeridad, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Finanzas Públicas de la 60 Legislatura avalaron por unanimidad abrogar el decreto 87 de la 36 Legislatura, que dejaría sin efectos un decreto del Ejecutivo publicado en 1993.
La propuesta, presentada con anterioridad por la diputada Azucena Cisneros Coss en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, responde a las exigencias de la sociedad que privilegian la austeridad en el uso de recursos públicos, coincidieron los diputados María Mercedes Colín Guadarrama (PRI), presidenta de la Comisiones Unidas; Miguel Sámano Peralta y Carlos Loman Delgado, coordinadores parlamentarios del PRI y del PES, respectivamente; Mario Gabriel Gutiérrez Cureño (morena), Karla Leticia Fiesco García (PAN) y Araceli Casasola Salazar (PRD).
El documento aprobado en la reunión de trabajo en la que estuvo presente el diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política, establece la abrogación del decreto 87 de la 36 Legislatura publicado el 18 de julio de 1945 en la Gaceta de Gobierno, el cual estableció que los premios y recompensas por servicios eminentes, o importantes prestados al estado, que merezca el gobernador, se le otorgarían después de haber terminado su gestión.
En consecuencia, una vez aprobado por el Pleno, también quedaría sin efecto el decreto 86 expedido por el Ejecutivo estatal, publicado el 7 de mayo de 1993, el cual establece que los ciudadanos que hayan ocupado el cargo de gobernador del Estado de México tendrán al concluir su gestión adscripción de personal.
Miguel Sámano precisó que el decreto del Ejecutivo de 1993 establece apoyos de personal, más no de carácter económico. Resaltó que desde el PRI se valora y reconoce lo aportado por los exgobernadores e indicó que se entiende que el país atraviesa una etapa económica compleja y que son sensibles a las políticas de austeridad en beneficio de la sociedad.
Carlos Loman se congratuló por el procedimiento del análisis y discusión de la iniciativa a través de las Comisiones Unidas y reconoció que la deliberación de ideas de las fracciones parlamentarias enriquece la transformación política y social que exigen las actuales necesidades de la población.
Mario Gabriel Gutiérrez dijo que aprobar esta iniciativa demuestra congruencia con la agenda legislativa que pide la ciudadanía y que ha marcado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual se ha privilegiado la austeridad, el combate a la corrupción y quitar los privilegios a los exgobernadores corresponde a un acto de justicia social.
En nombre del Grupo Parlamentario del PAN, Karla Fiesco subrayó que su bancada siempre impulsará iniciativas de austeridad y que esta propuesta fortalece la nueva visión de la Legislatura para mejorar el rendimiento de los recursos públicos, además de que este tipo de acciones coadyuvarán a fortalecer la fiscalización en la entidad y la confianza de la ciudadanía, por lo que se debe analizar a dónde se redirigirán los recursos.
Araceli Casasola reconoció que la iniciativa es acorde a las necesidades actuales de gasto público. Señaló que los exgobernadores pueden solventar sus gastos y así ahorrar recursos públicos en una entidad que cuenta con la mitad de su población en situación de pobreza, y sugirió que lo ahorrado sea asignado al combate a los feminicidios y a la alerta de género.
El dictamen aprobado, que se envió a la presidencia de la Directiva para su discusión y, en su caso, aprobación por el Pleno legislativo, establece que se eliminará los apoyos a los exgobernadores consistentes en un jefe de ayudantes con categoría de subdirector rango nueve, con nivel de jefe de ayudantes de secretario General de Gobierno; un chofer ayudante con rango cinco, con categoría de chofer de secretario General de Gobierno; tres ayudantes con categoría de oficial de seguridad pública, nivel catorce, rango cuatro; una secretaria, con categoría de secretario particular de secretario, nivel 27, rango 9 del gobierno del estatal.
En la reunión de trabajo también estuvieron los diputados Azucena Cisneros, Max Agustín Correa Hernández, Valentín González Bautista, Faustino de la Cruz Pérez, Beatriz García Villegas, Gerardo Ulloa Pérez, María Elizabeth Millán García, Dionicio Jorge García Sánchez, Liliana Gollas Trejo, de morena; Iveth Bernal Casique, del PRI; Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del PAN, y Omar Ortega Álvarez, del PRD.
