Toluca, Estado de México, 18 de marzo de 2026. La Universidad Autónoma del Estado de México ha optado por una estrategia centrada en el diálogo institucional y la atención jurídica para responder a las demandas de la comunidad estudiantil del Centro Universitario Nezahualcóyotl, en un contexto marcado por señalamientos y exigencias acumuladas desde años anteriores.
De acuerdo con la titular de la Consejería Jurídica, Evangelina Sales Sánchez, la intervención de la institución se ha desarrollado bajo el principio de legalidad, con el objetivo de garantizar tanto el derecho a la educación como la protección integral de estudiantes, docentes y personal administrativo.
La funcionaria aseguró que cada uno de los hechos denunciados ha sido atendido de manera puntual, evitando que la suspensión de actividades derive en afectaciones mayores para la comunidad universitaria. No obstante, reconoció que los casos expuestos no son recientes, lo que revela una problemática estructural que la institución ahora busca encauzar mediante mecanismos formales.
Denuncias en proceso y apertura institucional
Como parte de la respuesta institucional, se habilitó una mesa de denuncias que ha permitido canalizar al menos 13 casos ante la Dirección de Responsabilidad Universitaria. Estos procedimientos ya se encuentran en curso y contemplan la notificación directa a las personas involucradas.
Paralelamente, la universidad ha sostenido reuniones con la asamblea estudiantil del campus, en un intento por mantener abiertos los canales de comunicación y dar seguimiento a las exigencias planteadas por el alumnado.
Entre la legalidad y la restitución de derechos
Más allá de las posibles sanciones, la UAEMéx ha enfatizado un enfoque que incluye la restitución de derechos. En este sentido, se han implementado acciones como la regularización de trayectorias académicas interrumpidas y el acompañamiento en procesos de titulación.
Estas medidas buscan contener el impacto académico del conflicto, aunque también evidencian la necesidad de corregir fallas institucionales previas que derivaron en los casos denunciados.
Un conflicto en curso bajo vigilancia institucional
Por instrucción de la rectora Marta Patricia Zarza Delgado, la universidad mantiene abiertos los canales de atención y seguimiento, apostando por una salida institucional que privilegie el respeto a los derechos humanos y universitarios.
Mientras tanto, el diálogo entre autoridades y estudiantes continúa, en un escenario donde la legalidad se presenta como eje central, pero también como terreno de disputa sobre la eficacia real de las respuestas institucionales.
